El Ayuntamiento se ve obligado a pagar 408.670 euros por la actitud “prepotente” con la que el anterior gobierno gestionó la expropiación de Mina Chica
El delegado municipal de Hacienda, Manuel Bravo, ha anunciado en rueda de prensa un nuevo caso en el que actual Gobierno municipal se ha visto obligado una vez más a destinar parte de los ingresos municipales actuales a hacer frente actuaciones que no se hicieron bien por parte de anteriores corporaciones.
El último y gravísimo ejemplo han sido los 408.670,96 euros que el Ayuntamiento de Rota ha tenido que pagar hace menos de un mes por mandato judicial, a raíz de la expropiación de la plaza de la Mina Chica. Una expropiación que se inició en 2007 y en la que en vez de intentar llegar a un acuerdo con los propietarios se actuó "con prepotencia", llevando el asunto a los tribunales, que ahora obligan a este Ayuntamiento a pagar una enorme cantidad de dinero en la que incluso se incluyen intereses.
Para Manuel Bravo esta expropiación de Mina Chica dista, y mucho de cómo está actuando en estos momentos el Gobierno municipal, refiriéndose a la expropiación que se hacía hace unos días efectiva de la finca número 1 de la calle Pasadilla, junto a la Muralla, donde "el alcalde se ha puesto de acuerdo con la propiedad en el valor de la expropiación", zanjando esta gestión sin discrepancias, sin juicios y sin generar más gastos a las arcas municipales, que el propio precio acordado.
Manuel Bravo explicó que la expropiación de la finca de 191,07 metros cuadrados que ocupa la calle Mina Chica, se inició por decreto en junio de 2007. En aquel momento los propietarios no estuvieron de acuerdo en la valoración de la citada finca por la que el Ayuntamiento ofreció 84.317,76 euros, por lo que solicitaron que la administración correspondiente fijara el justiprecio, siendo la finca valorada en 353.979,58 euros.
Pero aún con este justiprecio, ambas partes presentaron sus recursos contenciosos administrativos, que ahora, al cabo de diez años del inicio del expediente ha desembocado en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ratifica el valor dado por la administración, es decir, los 353.979,58 euros, a lo que hay que sumar los intereses que ascienden a 54.691,38 euros, haciendo un total de 408.680,96 euros.
El pago de este importe afecta, tal y como ha indicado el delegado, de una manera sensible a la tesorería de este Ayuntamiento, obligando a destinar este dinero a este pago, en vez de a proveedores o subvenciones municipales.
El delegado de Hacienda ha insistido en que "las cosas hay que hacerlas bien, no se puede ir de prepotente como demuestra en este caso la propia sentencia".
Y es que este no es el único caso con el que se ha encontrado este Gobierno municipal, ya que también ha tenido que hacer frente a la expropiación del parque San Fernando en 2017, por el que hubo que abonar la cantidad de 371.899,84 euros.
Así, solo entre estos dos casos de expropiaciones, el actual Gobierno municipal ha tenido que destinar más de 780.000 euros para gastos de corporaciones anteriores, todo ello en detrimento de otras partidas que en principio iban destinadas al municipio y sus ciudadanos.
