Ayuntamiento y vaqueriza acuerdan el 30 de septiembre de 2022 como fecha tope para el cierre definitivo de la explotación
La reunión mantenida esta mañana entre el alcalde de Rota, José Javier Ruiz y el primer teniente de alcalde Daniel Manrique, con el propietario de la vaqueriza, José Luis Sánchez, se ha saldado con un acuerdo definitivo que fija para el 30 de septiembre de este año, el plazo máximo para el cierre de la citada vaqueriza.
De esta forma, se dará cumplimiento definitivo al cierre de esta explotación, acordado en marzo de 2015 y que cuenta con varias sentencias judiciales que anteponiendo la salubridad de los vecinos a la actividad económica vienen dando la razón al Ayuntamiento, hasta el punto de desembocar en una “resolución administrativa completamente firme contra la que no cabe recurso, porque se han agotado todos los recursos habidos y por haber”, tal y como explicaba el primer teniente de alcalde tras la reunión celebrada en el Palacio Municipal Castillo de Luna.
Como recordó el propio delegado, en diciembre y ante la inacción del ganadero que tal y como se ha visto en esta reunión viene motivada por la falta de recursos del ganadero para hacer frente a la inversión que supone trasladar esta explotación, el Ayuntamiento precintó la ganadería impidiendo su actividad para dar cumplimiento así a la sentencia en firme del Tribunal Supremo; un precinto que quedó posteriormente en suspenso a la espera de esta reunión.
Con el compromiso firme alcanzado en este encuentro, que ha sido grabado, el ganadero cuenta con varios meses para hacer efectivo el cierre de esta ganadería teniendo el 30 de septiembre como fecha tope, tal y como se ha establecido por todas las partes en este acuerdo que queda condicionado además a que por parte del propietario no se interponga ningún tipo de recurso judicial adicional a los ya existentes.
Con todo, Daniel Manrique quiso hacer especial hincapié en que a pesar de ser conscientes de difícil situación del ganadero, el cumplimiento de la resolución es firme y por tanto no puede depender de la situación económica del afectado, por lo que al margen de las ayudas que el ganadero pueda obtener de la Junta de Andalucía o de la Junta de Compensación, “no se puede esperar en el tiempo “sine die” a que el vaquero tenga la capacidad económica para ejecutar la sentencia”, y una vez alcanzada la fecha máxima acordada el precinto sería definitivo que no podría ser recurrido vía judicial.
El primer teniente de alcalde ha señalado que el desmantelamiento de esta vaqueriza parte de un acuerdo aprobado por el anterior gobierno local en marzo de 2015, fecha desde la cual este equipo de Gobierno ha mantenido numerosas reuniones con el propietario de la explotación y desde la cual se ha exigido el cumplimiento de la resolución ya dictada que ordenaba el cese de la actividad económica sin posibilidad de indemnización alguna por parte del Ayuntamiento puesto que la actividad se estaba ejerciendo sin licencia.
Con todo, el primer teniente de alcalde ha puesto de relieve que tal y como se ha expresado en la reunión “ya no hay vuelta atrás”, insistiendo en que la ganadería no puede estar allí y los problemas de salubridad imperan ante la actividad económica de una persona, tal y como se recoge en los términos en los que se dictó la resolución de 2015 y que se han confirmado por sentencia judicial.
