El Ayuntamiento suspende temporalmente el precinto de la vaqueriza
A la espera de poder celebrar una reunión pública con el empresario para pactar plazos y compromisos que den cumplimiento a las sentencias y por tanto al cierre definitivo de las instalaciones.
El alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, acaba de ofrecer una rueda de prensa para explicar que el Consistorio ha decretado la suspensión temporal del precinto de la vaqueriza, en tanto en cuanto se pueda celebrar la reunión pública prevista a esta misma hora entre el Ayuntamiento y el propietario de la vaqueriza para pactar "plazos concretos y sensatos" para el cierre definitivo de estas instalaciones.
Tal y como ha indicado Ruiz Arana, esta reunión, que se ha tenido que aplazar ante la evolución de la pandemia y el contagio de personas que debían estar en dicho encuentro, debe ser pública "con luz y taquígrafos" para evitar tergiversaciones y para que "el ciudadano conozca toda la verdad" de los acuerdos y los compromisos que se alcancen para llegar a dar cumplimiento a las sentencias que pesan sobre esta vaqueriza que no es legal y que tampoco es posible legalizar.
Una vaqueriza que además está afectando a los cerca de dos mil vecinos del entorno que desde hace años sufren la situación de insalubridad derivada de estas instalaciones.
Entendiendo la postura del empresario y su familia, Ruiz Arana ha querido expresar por "enésima vez" la voluntad de este Ayuntamiento de sentarse con el empresario y también ha querido matizar comentarios cuestiones que se están diciendo y "no son correctas".
En este sentido, en base a algunos comentarios que se están viendo estos días "parece que no se sabía que allí existían problemas de salubridad", unos problemas que sí conocen los vecinos del entorno, y que tampoco tuvieron en cuenta quienes al frente del Ayuntamiento en 2006 y 2007 plantearon el desarrollo urbanístico de la zona.
El alcalde recordó que en junio de 2015 cuando el actual gobierno municipal comienza la legislatura se encuentra con el acuerdo de marzo de 2015 del gobierno de PP y RRUU que dictaba la inmediata suspensión de la actividad económica y el desalojo de la instalación.
Con todo y sin querer entrar en achaques políticos, ya que "compartimos el acuerdo", el alcalde pidió a los miembros del PP, que ahora se han visto en los medios por la vaqueriza, que "no sean cínicos en esta cuestión".
Así, en virtud de ese acuerdo el Gobierno municipal comenzó a entablar conversaciones con el ganadero que por unos y otros motivos no avanzaron ni fructificaron; si bien este Ayuntamiento "siempre ha puesto todo lo que estaba en su mano para acordar con el ganadero su salida de esta zona, haciendo cumplir una resolución que marca que la instalación no se puede legalizar y está afectando a la salubridad de vecinos".
Con todo y una vez que el ganadero acude a los tribunales, el Ayuntamiento entra en una serie de contenciosos que se van resolviendo en en Cádiz y luego con el TSJ y el Supremo que en todo momento han ido dando la razón al Consistorio.
En estos seis años, señalaba el alcalde, se han impulsado desde el Ayuntamiento numerosos trámites hasta el punto de dictaminar el corte de suministros, haciendo cumplir las resoluciones administrativas y judiciales.
A partir de ahí, el Ayuntamiento ha llevado a cabo las últimas actuaciones en la línea de dos sentencias ya publicadas y que hay que cumplir: una que afirma que la actividad económica de la vaqueriza no es legal ni legalizable; y otra que dicta que los animales no pueden verse afectados ni sufrir por las acciones que plantee el Ayuntamiento para impulsar el cierre de la instalación ganadera.
En este punto, Ruiz Arana se centró en las actuaciones realizadas desde junio de este año y que han derivado en el precinto de la instalación, señalando que "lo que iba a ocurrir estos días no ha llegado por sorpresa".
Fue en junio cuando el Ayuntamiento iniciaba la ejecución subsidiaria de la sentencia, por la que si el propietario no cumple la sentencia es el Ayuntamiento el que la ejecuta y el propietario el que la paga.
Como en el resto de ocasiones, este trámite se trasladó al ganadero y el 17 de octubre se desestiman las alegaciones presentadas por el empresario, concediéndole un plazo de 20 días para el cese y clausura de actividad y advirtiéndole de que el Ayuntamiento ejecutaría el precinto de estas instalaciones para prohibir el ejercicio de la actividad económica, si bien se permitiría el paso de personal a las instalaciones para cuidar y atender al ganado, en cumplimiento de la sentencia.
El 24 de noviembre, la Policía Local comprueba "que no se cumple nada y nos vemos avocados a hacer cumplir la sentencia y a precintar las instalaciones", un precinto que se produce el 16 de diciembre, si bien "hasta ayer no se ponen en contacto con este Ayuntamiento para ver posibilidades de acuerdo y marcar plazos que permita el cierre".
La voluntad del Ayuntamiento es "por enésima vez sentarnos a hablar y que se haga de manera pública para que los ciudadanos comprueben los planteamientos de cada parte", que puedan saber los plazos que se acuerdan y el compromiso expreso de cumplir lo pactado y "no sea un amago más, porque lo que ocurre es que se pierde es credibilidad y no la pierde este alcalde ni este equipo de gobierno, sino el Ayuntamiento".
Con independencia de las manifestaciones, el alcalde ha insistido en la voluntad del Ayuntamiento para celebrar públicamente y en cuanto las circunstancias lo permitan, la reunión prevista para esta misma tarde, y cerrar un acuerdo sensato para dar cumplimiento a las sentencias y dar salida a esta situación que lleva ya 15 años y 6 años de pleitos.
